miércoles, 2 de febrero de 2011

Los perjuicios de un Estado con sobrepeso

Dijo Schumpeter que una "alocada legislación, administración y política, restringen cada movimiento económico e impiden al emprendedor acceder al éxito".

El crecimiento económico está basado en el ingenio y la capacidad de algunos, fundamentada especialmente en su capacidad de persistir en su proyecto, su menor aversión al riesgo y en su resistencia ante el fracaso, para desarrollar productos y servicios valorados por los mercados, transformando su dinero, el de otros inversores y el de los bancos, en mayor valor, generando con ello actividad económica y empleo de los que otros también se benefician.

Un Estado (e incluyo aquí las exageradamente numerosas "n" Administraciones de distintos niveles que lo componen, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos, empresas públicas...) con gran peso en una sociedad nacional o regional, lamina (queriéndolo o sin quererlo) el ingenio y la capacidad de arriesgarse pues, por su tamaño y su influencia en la economía, genera múltiples dinámicas poco beneficiosas. La principal de ellas es que genera negocio por sí misma, por sus acciones regulatorias o por acciones sujetas a autorización administrativa, por lo que reduce enormemente la dinámica de riesgo, ya que pueden obtenerse rentabilidades suficientes con riesgo menor, simplemente apalancados en la propia actividad económica del Estado.

Otros efectos perjudiciales de un Estado en exceso influyente en la economía son la menor transparencia, que desincentiva a los nuevos entrantes; la falta de adecuación de sus demandas a las necesidades reales de los mercados (lo que reduce la competitividad exterior de las empresas, que desenfocan el uso de sus recursos orientándolos a lo que quieren las Administraciones y no a lo que quieren los mercados nacionales o internacionales); el proteccionismo legal, que genera acomodación, falta de reciclaje profesional y falta de innovación; y un largo etcétera que sería prolijo describir.

Si, además, para mantener ese sobrepeso económico, el Estado recurre a la financiación externa y genera compromisos de pago del servicio de la deuda y del propio principal para años sucesivos, estamos ante una irracionalidad de considerables dimensiones, un sinsentido que sólo se justifica por ineficiencia de los dirigentes. Sinsentido que se suma al añadido de que, además, ese endeudamiento resta disponibilidad de crédito a quienes, con él, sí generarían actividad económica real.

En el cambio de modelo productivo que el Estado ahora tanto proclama, para favorecer la competitividad, la innovación y el espíritu emprendedor, el papel del Estado debe ser el de dar un paso atrás en su peso e influencia económica, permitir (e indirectamente, forzar) que los emprendedores, en un mercado transparente y no influido artificialmente, desarrollen con habilidad su ingenio para realizar negocio, aunque ello sea a costa de la destrucción del modelo anterior y quienes de él vivían, como el propio Schumpeter preconizaba en su concepto de la destrucción competitiva.

Ahora que por fin, se puede discutir de casi todo, incluido el tamaño y función de la Administración, decir que la mejor política para favorecer la innovación y la internacionalización es precisamente favorecer la competencia sana y transparente entre las empresas. El Estado tiene su papel de regulación equilibrada, prestaciones e inversiones públicas, pero más allá de ello, contribuye más a la economía dejando de endeudarse, reduciendo su peso y permitiendo que sean otros los que tiren de las andas del desarrollo económico.

Ah, por cierto: esto también ayudaría a garantizar ese llamado "futuro de las pensiones" públicas, hoy tan de moda, pues la mejor garantía de futuro no es tanto (o no es sólo), en mi opinión, incrementar en tiempo o importe las aportaciones, sino incrementar sustancialmente el número de cotizantes (incluido un fuerte y bien llevado recurso a la inmigración), mediante un crecimiento económico que acarree mucho más empleo.