viernes, 15 de octubre de 2010

Sobre incentivos y políticos: qué hacemos para mejorar la "clase política" española

Vaya de partida que tengo buenos amigos ex-políticos o políticos en activo, que valoro y reconozco su trabajo y que generalmente se suele estereotipar su perfil, pero reconozco que junto a ello, se dan también algunos casos (que ellos mismos me reconocerán) de falta de competencia para el puesto, y a esto es a lo que me quiero referir: al hecho constatado que el barómetro del CIS identifique a "los políticos" como el tercer problema del país.

En las empresas, cuando comprobamos que ciertos puestos de trabajo están cubiertos por las personas equivocadas, no nos planteamos que es culpa de esos trabajadores sino de la dirección de la empresa, esto es, de las personas que han diseñado el sistema, el cual ha traído como consecuencia un resultado indeseado y negativo para la empresa.

Si nos centramos en el perfil de los políticos que tenemos, los ciudadanos (que en realidad somos "el capital" que financia esa empresa que se llama Estado) solemos achacar a los propios políticos su ineptitud para los puestos de tan alta responsabilidad que ocupan (sí, ya digo que aquí se generaliza mucho), cuando en realidad deberíamos plantearnos seriamente qué falla en el sistema "de recursos humanos" de lo público para que se produzca ese desajuste entre lo que queremos y se necesita, y lo que realmente tenemos.

En los sistemas de recursos humanos, todas las políticas (selección, retribución-incentivos, evaluación y formación) deben diseñarse para obtener los resultados que se persiguen.

En hipótesis: ¿qué podríamos considerar como competencias necesarias para ejercer el puesto de gestor público? Bueno, pues aunque esto puede ser subjetivo y sobre todo dependerá de los puestos concretos, en general cabe pensar: formación más que suficiente, experiencia en gestión (preferiblemente en la empresa "real"), inteligencia, habilidad, creatividad, capacidad de gestión, liderazgo y comunicación, todo ello regado con una integridad a prueba de bombas. Seguramente cosas parecidas a lo que pediríamos a un directivo de responsabilidad de un proyecto privado, añadiéndole una vocación de servicio público.

Pues bien, hagamos un rápido análisis del "sistema de recursos humanos" de los responsables públicos que tenemos para constatar porqué éste incentiva los gestores que tenemos en lugar de lo que decimos que queremos.

- Política de Selección: la selección de puestos la realizan, en general, los partidos políticos y las personas que los dirigen. Los criterios para mantenerse y prosperar en el seno o alrededor de los partidos no son los mismos que para gestionar la cosa pública, por lo que los perfiles difícilmente se ajustarán. En los partidos no existe un sistema transparente, se premiará el "seguidismo" de las consignas, familias políticas o personas, frente a la independencia de criterio, por lo que raramente el sistema atraerá a las personas inteligentes y valiosas que serían buenos gestores.

En determinados puestos (parlamentarios nacionales, autonómicos y concejales) existe designación directa por los ciudadanos en las urnas, pero esa designación se realiza en listas cerradas que al final confeccionan los propios partidos, por lo que a la postre el resultado es muy parecido.

Así pues, el sistema no atrae a los buenos gestores con las competencias antes descritas, sino a otro perfil diferente.

- Política de Retribución: la discusión permanente de los salarios de los políticos me parece desajustada. El salario debería adecuarse a la capacidad de las personas y a lo que realmente consiguen. Un político que es capaz de ahorrar al erario público un dineral y aún así mejorar el servicio que presta, seguro que cobra poco. Y otro que derrocha sin ton ni son, con mejores o peores propósitos, tiene un sueldo excesivo aunque cobre el salario mínimo. Los salarios que se cobran en política sólo atraen a los que no pueden aspirar a ganar esas cifras en el mercado de trabajo; quienes tienen una retribución igual o superior (generalmente porque son especialmente rentables a sus empresas) nunca aspirarán a la gestión pública más que por razones altruistas de servicio público. Y está claro que nos jugamos bastante y que nos interesan los mejores.

Además, la posibilidad de corruptelas que existe en determinados puestos, atrae (en ciertas ocasiones, y aquí sí que no debo para nada generalizar) precisamente a personas sin escrúpulos, y la detección de ese tipo de comportamientos en otros, retrae al perfil de personas que precisamente interesan, ya que por algunos comportamientos de estos, la imagen del político va perdiendo el halo que en su día pudo tener de servicio a la sociedad y de persona brillante, para estereotiparse hacia un sinónimo (lamentablemente) de incompetencia y de corrupción. Estereotipo que para nada atrae a los mejores.

- Valoración del rendimiento: los dueños de la empresa, los ciudadanos, valoramos el rendimiento cada cuatro años, ratificando o no, a la gente en su puesto. Existen muchos condicionantes para esto, y muchas cuestiones que comentar. Simplemente algunas de ellas, a modo de ejemplo:
  • No podemos valorar individualmente a cada gestor sino como conjunto u opción política, todo en un paquete. No existe tampoco una separación entre la elección de los parlamentarios y de los ejecutivos (el Gobierno).
  • No podemos hacer una valoración permanente, sino sólo cada cuatro años, lo que motiva diferentes tipos de comportamiento según el momento del ciclo político en el que nos encontremos.
  • La gran mayoría de los ciudadanos (y los políticos lo saben, que para eso pagan sociólogos) votamos en función de una opción ideológica cuasi permanente, y no valorando la eficiencia real de la gestión. También existen otros condicionantes sociológicos, largos de describir pero también muy conocidos por ellos, que determinan el voto de las personas por razones siempre distintas a la eficiencia real de la gestión.
  • La falta de interés y de cultura política y económica de una parte grande de la sociedad, en general, hace que se pierda rigurosidad en las valoraciones. Se juzga con un trazo demasiado grueso o se valoran aspectos como por ejemplo la imagen personal sobre otros de perfil más profesional.
  • Muchos medios de comunicación, canal por el que percibimos la acción de los políticos, desdibujan la realidad como una lente deformada intencionadamente.
  • "Clientelismo": los accionistas de la empresa muchas veces somos también sus clientes (beneficiarios de sus servicios). Clientelismo significa que el gestor público aproveche esa situación para beneficiar interesadamente a muchos, con el propósito de conseguir valoraciones positivas en las urnas; clientelismo es, generalmente, antagónico a bien común, y en determinados supuestos puede tergiversar mucho la valoración global.
Así pues, las políticas de recursos humanos de lo público están claramente mal diseñadas, pues sirven para atraer personas que, según lo visto y llevando el tema al extremo y exagerándolo al máximo: sean grises con tal de que sean cómodas a los partidos; tengan una retribución media-baja en el mercado laboral porque nadie esté dispuesto a pagarles más o, directamente, no tengan otra forma de ganarse la vida; tengan una catadura moral deficiente que les permita lucrarse con cuestiones paralelas a su sueldo; no les importe o estén dispuestos a utilizar, en beneficio propio, los desajustes del sistema de valoración que arriba se describen y otros que pudiera haber.

Afortunadamente, y a pesar del deficiente diseño del sistema, insisto en los muchos políticos conocidos por mí que me sirven para dar fe de que predominan los de perfil adecuado sobre los otros.

Sin embargo, esto no obsta para que el sistema deba cambiar, pues tarde o temprano, sólo ofrecerá incentivos a los malos y desincentivará a los buenos.

Algunas ideas de lo que debería cambiar, se extraen casi solas: una retribución acorde al mercado (podría suponer pagar a cada uno lo mismo que el mercado laboral le venía retribuyendo, de forma que nadie pierda pero tampoco gane dinero con dedicarse a la política), o un sistema de retribución por objetivos (es esto imposible¿?¿?); establecer mecanismos para desincentivar el político de profesión: la política debe ser algo en lo que se entra y se sale a lo largo de la vida de una persona, para servicio a la sociedad, pero con un bagaje anterior y posterior en la actividad económica (o en la Administración Pública). Persecución implacable de la corrupción a todos los niveles. Sistemas de listas abiertas a cargos de elección directa. Separación de poderes real entre legislativo/control de gobierno, y ejecutivo. Sistemas de evaluación permanente (utilizando quizás las nuevas tecnologías) de los gestores públicos por los ciudadanos. Y, como sustento de todo esto, un incremento del interés, de la crítica seria y de la formación de los ciudadanos sobre estos aspectos que nos deben preocupar, pero también ocupar. No debe valer sólo con quejarse.

El problema fundamental es que cambiar el sistema compete precisamente a la clase política que debe marcar nuevas reglas del juego, y en muchos casos les interesará perpetuar el sistema ineficaz para evitar eventuales perjuicios personales.

Sobre esta circunstancia, alguien comentaba el otro día: ¿dónde está la clase intelectual? Si los políticos por sí solos no tienen ningún incentivo para cambiar esto (ni otras cosas que hay que cambiar, empezando por la ineficiente estructura del Estado ni la ineficaz Ley Electoral, base de los problemas presentes y futuros del país); si los políticos no lo van a cambiar, repito... ¿dónde están los grupos intelectuales que sí deben decirlo en voz alta para que la sociedad lo asuma como propio y así lo demande?

Nuestra sociedad precisa de personas o grupos sociales de reconocido prestigio que puedan identificar estos y otros problemas sin que, inmediatamente, se les achaque un objetivo partidista político; que reclamen la actualización que ya requiere nuestra casi joven democracia si no quiere apartarse cada vez más de la sociedad, un paso adelante que la convierta en más democrática y más participativa. Un proyecto de consenso que acerque de nuevo la política a los ciudadanos y viceversa, que restituya la credibilidad, que prime lo eficiente sobre las inercias, con una valiente redefinición del sistema en su conjunto.